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Boletín técnico de INDISA S.A.

Medellín, 23 de Mayo de 2014                                                         No.128

 

La protección al medio ambiente en Colombia tiene estatus constitucionales

 

 

Autora: Diana Cadavid M.

Abogada Magister en Especialización e Investigación

en Derecho del Medio Ambiente.

  


En este artículo se dan a conocer aspectos del marco normativo del derecho ambiental en Colombia, haciendo especial énfasis en las convenciones internacionales y preceptos constitucionales. La protección al medio ambiente sano en Colombia no se limita a la constitución ni a la década de los 90. Ya desde 1974 se contaba con el Código de Recursos Naturales Renovables, gracias a que en la Ley 23 de 1973 se reconoció la importancia del medio ambiente para la colectividad. Esta  visión panorámica de los antecedentes normativos en materia ambiental, aportará  datos relevantes para entender los debates ambientales que se viven en Colombia.  

 

Década de los 70, un impulso a la normativa ambiental

 

A nivel mundial la preocupación por la protección ambiental ha sido constante. Desde la década de los 70 el mundo ha puesto sus ojos en la creciente problemática ambiental. Bajo el liderazgo de la ONU, más de 170 países han participado en convenciones de las cuales han surgido parámetros de protección, generando como consecuencia la introducción del tema ambiental en marcos normativos a nivel mundial. Colombia no ha sido la excepción, es más, se ha catalogado como un país amigable con el medio ambiente, en cuanto a normatividad se refiere, ya que sus normas están dirigidas a la protección del mismo e influidas por todas y cada una de las convenciones ambientales que se han celebrado.

Con antelación a los  años 70, no se tenía en Colombia tal interés en desarrollar políticas para la protección ambiental, pues estas se colmaban con la relación existente con la temática salud y su referente sanitario, siendo la regulación sobre  basuras, residuos tóxicos u hospitalarios, contaminación de fuentes hídricas y saneamientos básicos, los focos de atención del Estado en cabeza del Ministerio de Salud.  Este ente tenía como preocupación central el control de la aparición de enfermedades relacionadas con la contaminación del suelo, el aire y el agua.

 

Con la llegada de los años 70, las cosas tomaron un rumbo diferente. Los ojos del mundo estaban en Estocolmo, lugar donde se celebró la primera conferencia internacional convocada por la ONU. Esta tenía como tema de discusión central el estado del medio ambiente a nivel mundial. En la reunión se acordó una Declaración que contiene 26 principios sobre el medio ambiente y el desarrollo. En este contexto, Colombia expidió un Código de Recursos Naturales, texto que inicia un movimiento de incorporación de este tipo de legislación en el ordenamiento jurídico del país y de la región. 

 

La Constitución Verde Llega a Colombia

 

Un giro en el escenario político en Colombia, ubica el marco normativo ambiental en una nueva órbita. En la década de los 90 el mundo continuaba interesado en el tema ambiental, esta vez por motivo de la celebración de la cumbre de Rio de Janeiro, 1992, en la que se aclara el concepto de desarrollo sostenible y se reconoce el derecho de todos los seres humanos de vivir rodeados de un ambiente sano y productivo en armonía con la naturaleza. Así mismo se dejó claro que los países podrían aprovechar los recursos naturales, pero haciendo explícita la responsabilidad de estos de velar por la conservación del medio ambiente.

 

Así las cosas y con el interés del mundo en la protección de los recursos naturales renovables, Colombia tendría una nueva Constitución Política que reposa en 4 pilares, entre los cuales se encuentra el pilar ecológico (siendo los demás pilares el social, cultural y económico), esto gracias a que el artículo 58 de la C.P conserva la función social que surgió en la reforma de 1936. Esta función reconoce que la propiedad es un derecho inviolable y sagrado del que nadie puede ser despojado, salvo que la necesidad publica lo requiera, por lo tanto resulta legítimo que se impongan restricciones a la propiedad cuando sea en beneficio e interés general; sin embargo, cabe aclarar que estas limitaciones no pueden afectar el derecho del titular de obtener utilidad económica.

 

Los artículos 78 a 82 de la C.P, hacen referencia a los derechos colectivos relacionados con la protección del medio ambiente, al derecho a gozar de un ambiente sano, a garantizar la participación de la comunidad en las decisiones que lo afecten y en el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. Estos artículos se convierten en la puerta de entrada de los mecanismos jurídicos de protección ambiental (cuales son acción popular; acción de cumplimiento, acción de grupo y acción de tutela).

 

Por último, mediante el artículo 79 y 80 se deja en cabeza del Estado la planificación del manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación y restauración, se impone el deber de prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, de imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. Adicionalmente, debe cooperar el país con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas. Es decir, el Estado es el administrador y responsable de la vigilancia y control del medio ambiente.

 

Nuevo Sistema Ambiental, Ley 99 de 1993

 

La principal regulación en materia ambiental derivada de la Constitución de 1991 es la Ley 99 de 1993 y toda la producción doctrinal de la Corte Constitucional a través de sus sentencias que han venido reconfigurando el escenario de protección del derecho al goce de un ambiente sano y alcanzar el reto de enlazar armónicamente la defensa y el desarrollo económico y social. Esto sin olvidar normas más recientes como la Ley 1333 de 2009.

 

Para cuando se expide la Ley 99, se realiza un diagnóstico ambiental en donde se establece como riqueza el patrimonio biológico del país, destacándolo como el segundo país en variedad florística en el mundo. Además para ese entonces Colombia contaba con 19.4% de las especies de aves, ubicándonos dentro de los 10 países con mayor diversidad biológica.

 

Una vez conocida la posición de Colombia en materia de recursos naturales y la situación en la que se encuentra en materia ambiental, la Ley 99 de 1993 crea el Ministerio de Medio Ambiente (M.M.A),  establece el Sistema Nacional. 

Ambiental (SINA), y le da un esquema de jerarquía encabezado por el M.M.A. Establece un conjunto de elementos orientados hacia la protección del medio ambiente en el marco del desarrollo sostenible y establece principios, orientaciones y directrices que se encuentran en la constitución, la Ley y la normatividad.

La Ley incluye la biodiversidad, el derecho a la vida saludable y reproductiva en armonía con la naturaleza, la protección de zonas de recarga de acuíferos y nacimientos de agua, así como la prioridad del consumo humano sobre cualquier otro consumo. Regula el principio sobre la incorporación de los costos ambientales y el uso de instrumentos económicos para fines ambientales; consagra que la acción para la protección y recuperación del medio ambiente es tarea conjunta de los particulares y el Estado. Define los estudios de impacto ambiental como un instrumento básico para la toma de las decisiones respecto a la construcción de obras y actividades que afecten significativamente el medio ambiente; señala que el manejo ambiental del país, conforme a la Constitución, debe ser descentralizado, democrático y participativo, y que las instituciones ambientales del Estado se estructuran teniendo como base criterios de manejo integral del medio ambiente y su interrelación con los procesos de planificación económica, social y física; y señala la protección del paisaje como prioritaria por ser patrimonio común. Adicionalmente, establece el principio de precaución, según el cual la falta de certeza absoluta no será óbice para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del ambiente, cuando existe irreversibilidad.

 

Conclusión:

 

Esta pincelada a la normativa ambiental indica la preocupación de Colombia por alcanzar un medio ambiente sano, pues se han dictado un sin número de normas dirigidas a su protección, mostrando como reflejo los cambios que el sector ha sufrido: el cambio climático, la gestión del riesgo, el manejo integral de residuos, la biodiversidad, el ordenamiento ambiental del territorio y los mercados verdes. Estos temas se convirtieron desde hace  tiempo en objeto de estudios que aportan  parámetros para atender requerimientos estructurales que posibilitan cambios sobre el manejo ambiental.

El derecho ambiental y su protección son hoy por hoy un tema sensible y vinculante a todo tipo de actividad industrial y humana, de allí la importancia de actuar bajo procedimientos y parámetros conforme a la Ley. 

 

  

NOVEDADES

UNA BICICLETA QUE CABE EN UN MALETÍN PARA HACER MÁS SOSTENIBLES NUESTRAS CIUDADES

Las bicis plegables se están convirtiendo en una herramienta para facilitar la movilidad urbana, ya que pueden mezclarse fácilmente con los automóviles y el transporte público. El proyecto Bike Intermodal, financiado por la UE, ha desarrollado un nuevo prototipo de bicicleta plegable que pesa tan sólo 7,5 kg y se pliega al tamaño de una caja de 50cm x 40cm x 15cm, por lo que su almacenamiento y transporte es muy sencillo. Sus partes son totalmente reciclables, lo que significa que el ciclo de vida de la bici es completamente respetuoso con el medio ambiente: desde su producción hasta su uso y reutilización. 

En el núcleo de la "bicicleta intermodal" se encuentra un marco pretensado que se abre y se cierra como el tren de aterrizaje de un avión, fabricado con aluminio inyectado o magnesio y cables similares a los de navegación. La start-up también está estudiando la posibilidad de utilizar el grafeno en el futuro para fortalecer y aligerar todavía más el marco. Uno de los socios del proyecto, Maxon Motor (de la familia BRAUN) ha desarrollado un motor diseñado específicamente para este proyecto, que refuerza la movilidad sin añadir un peso excesivo. Incluso con el motor, la bici pesa casi la mitad que una bicicleta plegable de características similares que no cuente con motor eléctrico y ocupa aproximadamente una quinta parte del espacio. 

Fuente:http://noticiasdelaciencia.com/not/10420/una_bicicleta_que_cabe_en_un_maletin_para_hacer_mas_sostenibles_nuestras_ciudades/

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